El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelará este martes 14 de enero los datos correspondientes al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, el cual se estima que se ubicará por debajo del 3%. De esta manera, la inflación de 2024 cerraría cerca del 118%, una cifra considerablemente más baja que el registro de 2023 y que las previsiones iniciales para el año pasado.
Después de haber superado el 3% en octubre, con un aumento interanual del 2,7%, y continuar con una baja en noviembre al registrar un 2,4% (el valor más bajo en los últimos cuatro años), los especialistas anticipan que el IPC de diciembre reflejará un comportamiento similar al de noviembre. Tanto el Gobierno como las consultoras privadas esperan que el indicador de diciembre sea inferior al 3%, aunque aún no hay seguridad de que este dato marque una nueva desaceleración de la inflación.
El presidente, Javier Milei, ha expresado su intención de implementar reformas estructurales rápidamente, con el objetivo de aprobar la reforma laboral durante el primer semestre de este año. Aunque el mandatario ha insistido en que no existe un atraso en el tipo de cambio, reconoce que la apreciación del peso está generando mayor presión sobre las empresas locales, especialmente las pymes. Por ello, considera fundamental reducir los costos de producción en el país.
La estrategia del Gobierno también prevé, una vez que se avance con la reforma laboral, enviar al Congreso un proyecto de reforma al sistema previsional. En cuanto a la reforma laboral, la propuesta de la diputada Diez plantea modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), entre las que se destacan aspectos como la "irrenunciabilidad", lo que implicaría que cualquier acuerdo que disminuya los derechos de los trabajadores será considerado nulo.
Asimismo, se propone modificar el artículo 66 de dicha ley para que los empleadores puedan introducir cambios en la forma de prestación del trabajo, siempre que no sean irrazonables ni perjudiquen al trabajador. Si esto no se cumple, el trabajador podrá optar por considerarse despedido sin causa.
En el ámbito de los beneficios sociales, la reforma incluiría prestaciones no remunerativas para los trabajadores, como alimentos, gastos médicos, ropa de trabajo, entre otros. Además, se promovería la implementación de pagos electrónicos y mejoras en el registro de los recibos de sueldo. Se plantean también modificaciones en el régimen de vacaciones, permitiendo su flexibilidad y la posibilidad de dividir los períodos, y la creación de sistemas de banco de horas y otros esquemas laborales flexibles.
El proyecto también aborda incentivos al empleo, con propuestas como bonos de Crédito Fiscal para nuevas contrataciones, dependiendo del tamaño de la empresa. Además, se plantea la suspensión gradual de planes de asistencia social para quienes ingresen al empleo formal y la bonificación del 100% en las contribuciones patronales para nuevos empleados provenientes del sector público, con algunas excepciones para cargos jerárquicos.
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