El Gobierno está trabajando con empresarios y sindicatos para elaborar un proyecto de ley que permita modernizar las relaciones laborales en el país, según informaron fuentes oficiales.
La iniciativa que impulsa el Ejecutivo se basa en el proyecto “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, presentado por la diputada Romina Diez del bloque La Libertad Avanza (LLA), junto a otros 14 coautores, entre ellos José Luis Espert, cercano al presidente Javier Milei, y Gabriel Bornoroni, presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados.
El objetivo del presidente Milei es avanzar rápidamente en reformas estructurales, y se espera que la ley de modernización laboral sea sancionada en el primer semestre del año. Aunque Milei ha afirmado que el tipo de cambio no está atrasado, reconoce en privado que la apreciación del peso ha incrementado la presión competitiva sobre las empresas, especialmente las pymes. En este sentido, el presidente considera esencial reducir los costos laborales en Argentina.
La estrategia oficial también contempla que, tras la aprobación de la reforma laboral, se enviará al Congreso una propuesta para reformar el sistema previsional.
La propuesta de la diputada Diez aborda varios aspectos de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, con el objetivo de modernizar la normativa laboral. Un aspecto clave es la modificación de la "irrenunciabilidad", estipulando que cualquier acuerdo que reduzca o suprima los derechos establecidos en la ley o en convenios colectivos será nulo. Esto permitiría que las condiciones acordadas entre las partes que excedan los términos legales puedan ser renunciadas por el trabajador.
El proyecto también sugiere cambios en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que los empleadores podrán introducir modificaciones en la forma y modalidades de prestación laboral, siempre que no sean irrazonables ni perjudiquen al trabajador. Si se implementan medidas contrarias a esta normativa, el trabajador tendría derecho a considerarse despedido sin causa.
Además, el proyecto aborda temas como los beneficios sociales para los trabajadores, incluyendo prestaciones no remunerativas como alimentos, reintegros médicos, ropa de trabajo, entre otros. También se contempla la mejora en los sistemas de pago, promoviendo el uso de modalidades electrónicas y la actualización en el registro de recibos de sueldo.
En cuanto a las vacaciones, la propuesta introduce flexibilidad en su otorgamiento y permite la fragmentación de los períodos, siempre que no sean inferiores a una semana. También se prevé la implementación de sistemas como el banco de horas y el trabajo flexible, además de definir los derechos en casos de enfermedad o accidente, garantizando el salario durante los períodos de incapacidad.
Otro aspecto clave de la propuesta es la "modernización" de la Ley de Trabajo Agrario, y en términos de incentivos al empleo, el proyecto propone la implementación de bonos de crédito fiscal para nuevas contrataciones, basados en un porcentaje de las contribuciones patronales. Estos bonos variarán según el tamaño de la empresa y se aplicarán exclusivamente para contratos que incrementen la nómina laboral. Además, se prevé la eliminación gradual de planes de asistencia social para quienes ingresen al empleo formal, y la bonificación del 100% en contribuciones patronales para nuevos empleados provenientes del sector público, con algunas excepciones para cargos jerárquicos específicos.
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