El Gobierno realizó modificaciones al sistema antidumping vigente en Argentina con el fin de evitar abusos que afecten los precios de los productos locales. El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado estos cambios, los cuales buscan mejorar la competitividad y reducir los costos para los consumidores y las industrias nacionales.
La reforma, que fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 33/2025, implica una reducción en los plazos de vigencia de las medidas antidumping. En lugar de mantener un sistema con renovaciones ilimitadas de hasta 5 años, las nuevas reglas establecen una duración máxima de 3 años, con la posibilidad de una sola extensión de 2 años más.
Caputo explicó que los derechos antidumping se aplican cuando los productos importados se venden a precios inferiores al valor de mercado de su país de origen, lo que crea una competencia desleal para los productos nacionales. El ministro también señaló que estas medidas se habían convertido en un derecho adquirido, lo que en muchos casos generaba precios más altos para los consumidores y mayores costos para las industrias locales.
Como ejemplo de esto, Caputo mencionó varios productos, como las bicicletas, las planchas eléctricas y los calefactores, que llevan más de 20 años bajo medidas antidumping. Según el ministro, esto ha resultado en precios significativamente más altos en Argentina que en otros mercados, como Europa y Brasil, donde los mismos productos tienen costos mucho más bajos.
Además, Caputo detalló el caso de productos como las bombas de agua, que enfrentan un derecho antidumping del 246%, o las multiprocesadoras, que pagan un 203%. Como parte de las reformas, el gobierno reducirá el tiempo destinado a las investigaciones previas a la aplicación de estos derechos. Mientras que antes estos procedimientos podían extenderse hasta 12 meses, ahora tendrán un plazo máximo de 8 meses.
Otra de las modificaciones importantes incluye una simplificación de los trámites. A partir de ahora, toda la documentación será gestionada por la Comisión Nacional de Comercio Exterior, eliminando la necesidad de presentarla en dos dependencias diferentes. Además, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor participarán en el análisis de los casos para asegurar que las decisiones tomen en cuenta tanto el interés público como el de los consumidores.
Con esta reforma, el Gobierno busca promover una mayor competencia, restablecer el propósito original de los derechos antidumping y lograr un comercio exterior más equilibrado y transparente.
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